El plazo legal máximo para resolver una solicitud de nacionalidad española por residencia es de un año desde que el expediente entra en el registro del órgano competente, según el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, que regula este procedimiento. En la práctica, muchos expedientes superan ese plazo debido al volumen de solicitudes acumuladas, por lo que conviene tratar esa cifra como un máximo legal y no como una garantía de respuesta rápida.
¿Qué plazo fija la ley para resolver la nacionalidad por residencia?
El Real Decreto 1004/2015 establece que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP), dependiente del Ministerio de Justicia, dispone de un año desde la entrada de la solicitud para dictar y notificar la resolución. Este plazo es el que marca la norma, con independencia de que en determinados periodos la Administración haya tardado más por la carga de trabajo acumulada en años anteriores.
El silencio administrativo negativo
Si transcurre ese año sin que se notifique una resolución expresa, el Real Decreto 1004/2015 permite entender la solicitud desestimada por silencio administrativo negativo. Esto no significa que el expediente quede cerrado de forma automática: la Administración sigue obligada a resolver, y el silencio negativo solo abre la puerta a recurrir o a esperar la resolución expresa, que puede llegar después y ser favorable.
¿Cuánto se tarda en la práctica en 2026?
Los tiempos reales dependen de factores como la vía de acceso, la correcta presentación de la documentación desde el primer momento y la carga de trabajo del órgano instructor en cada momento. No existen cifras oficiales y estables que permitan prometer una fecha concreta, y cualquier plazo que se ofrezca fuera del máximo legal de un año debe tomarse como orientativo. Lo más razonable es planificar los trámites personales, laborales o de viaje asumiendo que la resolución puede demorarse más allá del año previsto por la norma.
Fases del procedimiento y qué ocurre en cada una
Presentación de la solicitud
La solicitud de nacionalidad por residencia se presenta de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, con certificado digital, Cl@ve o mediante representación de un profesional habilitado. Antes de presentar la solicitud debe abonarse la tasa correspondiente (modelo 790), cuyo importe exacto conviene comprobar en la propia sede electrónica, ya que se actualiza periódicamente.
Documentación y pruebas exigidas
El Real Decreto 1004/2015 exige acreditar la residencia legal continuada, el certificado de antecedentes penales de España y del país o países de residencia durante el periodo exigido, el certificado de empadronamiento histórico y, salvo exenciones legales, superar las pruebas DELE A2 y CCSE que organiza el Instituto Cervantes. La falta de algún documento o una traducción o legalización incompleta es una de las causas más frecuentes de retraso, porque genera requerimientos de subsanación que alargan el expediente.
Resolución y notificación
Una vez instruido el expediente, la DGSJFP dicta la resolución, que puede ser favorable, desfavorable o de inadmisión. La resolución se notifica a la persona interesada o a su representante, y a partir de ahí comienza el plazo para completar los últimos trámites si la resolución es favorable.
Jura o promesa e inscripción en el Registro Civil
El artículo 23 del Código Civil exige, como requisito común a todas las formas de adquisición de la nacionalidad por opción, carta de naturaleza o residencia, jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, además de renunciar a la nacionalidad anterior cuando proceda, salvo las excepciones previstas para determinados países. Este acto se realiza ante el Registro Civil o ante notario, y la inscripción en el Registro Civil es el paso que culmina formalmente el proceso, dentro del plazo de ciento ochenta días que marca la normativa desde la notificación de la resolución favorable.
¿Cambian los plazos según la vía de acceso a la nacionalidad?
El artículo 22 del Código Civil fija distintos periodos de residencia exigidos según el caso: diez años con carácter general, cinco años para personas con estatus de refugiado, dos años para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, y un año en supuestos como haber nacido en España, estar casado con español o española, o ser viudo o viuda de español o española. Estos periodos afectan al momento en que se puede solicitar la nacionalidad, pero el plazo máximo de un año para resolver, fijado por el Real Decreto 1004/2015, es el mismo con independencia de la vía de residencia por la que se acceda. La nacionalidad por opción y la carta de naturaleza siguen procedimientos distintos, con sus propios tiempos, que no se rigen por este mismo reglamento.
¿Qué hacer si se supera el plazo sin respuesta?
Cuando ha transcurrido más de un año sin resolución expresa, la persona interesada puede optar por entender desestimada la solicitud por silencio negativo e interponer el recurso que corresponda, o bien esperar a que se dicte la resolución expresa, que la Administración sigue obligada a emitir aunque haya pasado el plazo. Antes de dar ese paso conviene revisar el estado del expediente y confirmar que no existe ningún requerimiento de documentación pendiente de respuesta, ya que mientras el expediente esté paralizado por causa imputable a la persona solicitante el cómputo del plazo puede verse afectado.
Cómo consultar el estado del expediente
El estado de la solicitud puede consultarse a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, en el apartado habilitado para el seguimiento de expedientes de nacionalidad, utilizando el número de expediente asignado tras la presentación. Es recomendable revisar periódicamente las notificaciones electrónicas para no dejar pasar los plazos de subsanación de documentación, ya que no responder a un requerimiento en plazo puede provocar la caducidad del procedimiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda la nacionalidad española por residencia en 2026?
El plazo legal máximo es de un año desde la entrada de la solicitud, según el Real Decreto 1004/2015, aunque en la práctica algunos expedientes pueden demorarse más por el volumen de trabajo del órgano competente.
¿Qué pasa si ha pasado más de un año sin respuesta?
Se puede entender desestimada la solicitud por silencio administrativo negativo, pero la Administración sigue obligada a resolver y puede dictar después una resolución expresa favorable.
¿Se puede acelerar el trámite de alguna forma?
No existe ningún mecanismo legal para garantizar una resolución más rápida. Lo que sí ayuda a evitar retrasos evitables es presentar toda la documentación completa, correctamente traducida y legalizada, desde el primer momento.
¿Cómo sé en qué fase está mi expediente?
Puede consultarse en la sede electrónica del Ministerio de Justicia con el número de expediente asignado, donde se informa de los requerimientos pendientes y del estado general de la tramitación.
¿Qué ocurre después de recibir una resolución favorable?
Hay que acudir al Registro Civil o a notario para jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y las leyes, conforme al artículo 23 del Código Civil, y formalizar la inscripción dentro del plazo establecido desde la notificación.